La acelerada artificialización del territorio junto con modos de producción y consumo no sostenibles están provocando cambios en la Eurorregión Nueva-Aquitania – Euskadi – Navarra que, bajo la mirada del cambio climático, pueden llegar a generar consecuencias irremediables y difíciles de pronosticar. El cambio climático, si nos respaldamos en evidencia científica, es una realidad irrefutable. Somos, además, responsables de este proceso, ya que se pueden reconocer los factores antropogénicos que están contribuyendo a esta situación. La preocupación por sus impactos está justificada tanto si consideramos las potenciales consecuencias a largo plazo que podrían recaer en las futuras generaciones como por los impactos ya visibles hoy en día en nuestras comunidades. Afortunadamente, los gobiernos regionales de ambos lados de la frontera empiezan a realizar esfuerzos para mitigar los impactos ambientales y sociales del cambio climático y adaptar sus territorios a futuros escenarios poco alentadores.

Aun así, abordar los riesgos no solo implica considerar las amenazas naturales, como olas de calor, tormentas o inundaciones, sino también analizar las relaciones sociales, instituciones, modelos de gobernanza y decisiones que han influido en la ocupación del espacio. Es importante no depender exclusivamente del conocimiento de procesos físicos, sino que la ciencia debe articularse en función de unas prioridades y razones de acción para comprender y, posiblemente, influir en las decisiones que se toman. La geografía permite interpretar esta relación de las sociedades con el territorio al observar cómo ocupan y transforman el espacio, especialmente en situaciones de riesgo. Es, por tanto, una ciencia de gran ayuda para comprender la complejidad del cambio climático y aportar soluciones para mitigar y adaptarnos a sus impactos.

La documentación disponible sobre los efectos del cambio climático en nuestra región es amplia y sustancial. Contamos con diagnósticos exhaustivos, evaluaciones de vulnerabilidad y escenarios detallados. Por ello, aunque la investigación continue siendo esencial, es imperativo dar un paso más. Ha llegado el momento de pasar a la acción. La relación entre investigación y acción, ciencia y política, conocimiento y toma de decisiones tiene que hacernos replantear el enfoque de la investigación, dado que, a pesar de los avances conceptuales y tecnológicos en la producción de conocimiento sobre riesgos climáticos, persiste la desconexión entre este conocimiento y la capacidad de acción de los niveles de decisión territorial. Enfocar la investigación de manera que sea directamente aplicable a la capacidad de acción del territorio se vuelve esencial, lo que implica considerar las limitaciones y recursos específicos de cada nivel de decisión.

Somos responsables, pero también nos veremos afectados por este proceso, aunque en grados variables. A lo largo de los capítulos de este monográfico, nos hemos centrado principalmente en los aspectos más físicos y medioambientales del territorio, pero no debemos pasar por alto la capa social que lo habita. En este punto, nos podemos plantear cuestiones relacionadas con la percepción del riesgo: ¿Cómo percibimos el riesgo? ¿Influye en nuestro comportamiento, en nuestro modo de vida y en nuestras decisiones? ¿Cómo respondemos al reto del cambio climático? Surge aquí la necesidad de abordar problemas como el de la vulnerabilidad social y la diferente capacidad de respuesta de los distintos grupos de población frente a los riesgos generados por el cambio climático, explorando en detalle la intersección entre la geografía física, la exposición de las comunidades y la respuesta comunitaria.

Desigualdad en la exposición y vulnerabilidad de los territorios y las comunidades

Evidentemente, no todos los territorios ni todas las poblaciones se verán afectados de igual manera. Las zonas costeras son especialmente vulnerables y, previsiblemente, estas áreas experimentarán impactos más evidentes motivados por la elevación del nivel del mar, la mayor frecuencia de eventos extremos y las variaciones en las temperaturas y las precipitaciones. Los riesgos costeros exacerbados por el cambio climático pueden también afectar al desarrollo local de estos municipios. Sin embargo, se debe considerar la naturaleza geográfica y política del riesgo costero, ya que se verá condicionado por la variabilidad en la ocupación del espacio por parte de las sociedades. El papel de las aseguradoras y la mutualización o la multitud de agentes implicados e intereses contrapuestos añaden capas adicionales de complejidad a la gestión de estos riesgos. De este modo, la gestión del riesgo involucra valores morales, intereses económicos, estrategias políticas y dimensiones identitarias que ponen en relieve la necesidad de considerar esta complejidad.

De forma particular en el litoral cantábrico, la actividad económica también puede verse afectada por un aumento del turismo debido a la mayor benevolencia de las temperaturas estivales frente al litoral mediterráneo. De hecho, muchos municipios costeros están empezando a orientarse hacia una economía turística, prácticamente monofuncional. En la costa de la región transfronteriza, la población es cada vez más consciente de los problemas relacionados con la saturación de los servicios públicos y las molestias generadas en su vida cotidiana debido a la intensificación del turismo.

Por su parte, en los territorios de interior, especialmente en la provincia de Álava, donde se encuentran los suelos más fértiles, las previsiones de cambio climático también pueden tener implicaciones significativas para la actividad agrícola. Para abordar los desafíos asociados con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, la planificación y gestión alimentaria a nivel municipal, regional y europeo está adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. En este ámbito, la noción del «kilómetro 0» y la promoción de la agricultura de proximidad es una estrategia importante, ya que no solo contribuye a la sostenibilidad local, sino que también reduce la dependencia de largas cadenas de suministro y minimiza las emisiones de carbono asociadas al transporte de alimentos de larga distancia. Programas que fomenten las infraestructuras verdes y su conectividad, pero también aquellos que promueven el desarrollo de los conocidos como «anillos marrones», que buscan recuperar no solo áreas verdes sino también suelos agrícolas, son estrategias alineadas con la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.

Esta reflexión destaca la complejidad de la percepción del cambio climático, que traslada nuestra mirada hacia sus consecuencias económicas en lugar de centrarse únicamente en factores físicos como son las variaciones climáticas. Así, la percepción del cambio climático podría estar más vinculada a los impactos indirectos en la actividad turística y otras actividades económicas que se producen como consecuencia de las transformaciones climáticas. Este planteamiento sugiere que la conciencia sobre el cambio climático podría manifestarse a través de las experiencias cotidianas de la población, como la escasez de servicios, las dificultades en la actividad agrícola o problemas y carestía en el suministro de alimentos, más que simplemente a través de los cambios climáticos directos.

Si nos adentramos en la escala local, enseguida nos percataremos que la vulnerabilidad tampoco se distribuye uniformemente, que no todos los barrios de un municipio presentarán la misma exposición ni tendrán la misma capacidad de respuesta. La afección frente al cambio climático varía, y es necesario profundizar en escalas más próximas al ciudadano, como podrían ser los distritos, barrios o secciones censales, para comprender verdaderamente su impacto en la población. La percepción de riesgo puede variar según la ubicación y las experiencias de la comunidad, lo que destaca la necesidad de una aproximación integral que tenga en cuenta las realidades locales.

Tampoco las estrategias de gestión pueden aplicarse de la misma manera en todos los contextos, ya que las actividades económicas van a ejercer presiones diferentes en el territorio. Así, la investigación no puede seguir simplemente una agenda disciplinaria y de excelencia científica, sino que debe integrar elementos contextualizados y orientados a resultados prácticos. La complejidad inherente a la reducción de riesgos y vulnerabilidades nos lleva a reconocer que no hay soluciones universales y que cada contexto requiere de un enfoque específico y cuidadoso, de la asunción de responsabilidades y de la toma de decisiones valientes. Entra en juego también aquí la cuestión de la escala.

La cuestión de la escala

Aunque los compromisos gubernamentales más conocidos se acuerden en la escala internacional, es preciso aterrizar dichos compromisos y políticas en la escala local. Los municipios cuentan para ello con instrumentos capacitantes como son los planes generales de ordenación urbana y otro planeamiento derivado o de desarrollo. Sin embargo, en España, no existe una obligación para la revisión de los planes de ordenación municipal y con frecuencia, nos encontramos con municipios que siguen operando bajo planes tan antiguos que no se han sumado a la visión contemporánea de la sostenibilidad. De hecho, la mayoría de los municipios funcionan mediante modificaciones puntuales de sus planes, en vez de abordar una reforma integral de estos más acorde a las nuevas pautas y directrices que impone un cambio tan drástico como el climático. Algunas comunidades autónomas tampoco han cumplido con su deber al no establecer directrices generales, permitiendo así que los municipios sigan transformando el territorio con escasas restricciones. La situación refleja una jerarquía escalar administrativa en alto grado desajustada, donde el municipio se sitúa en la cúspide de la pirámide de planificación, sin unas claras determinaciones desde administraciones de rango superior.

Pero tampoco hay que olvidar que, aunque la escala local permita implementar soluciones y configuraciones más vinculadas con el territorio, no se debe pasar por alto la influencia de otras escalas y ámbitos de regulación y reglamentación. De hecho, las políticas económicas a nivel nacional, como pueden ser los subsidios al transporte, distorsionan las prácticas sostenibles al no reflejar verdaderamente los costos ambientales y sociales asociados con el transporte de mercancías de larga distancia. Es importante reconocer la interconexión entre las escalas local, nacional y europea en la formulación de estrategias para abordar el cambio climático y sus impactos.

La comunicación del cambio climático: más allá de la información

Otra cuestión vital es la forma de comunicar el cambio climático, ya que se trata de un proceso de fondo, gradual y complejo, que se manifiesta progresivamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, los medios suelen abusar de titulares catastrofistas, buscando la inmediatez y mensajes llamativos que resalten situaciones climáticas extremas. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva equilibrada y evitar caer en exageraciones que podrían distorsionar la percepción pública del cambio climático. La ciencia nos exige ser prudentes y basarnos en datos científicos y evidencias derivadas de la investigación para mantener un alto grado de credibilidad cuando se presentan problemas climáticos reales. En definitiva, la comunicación sobre el cambio climático debe equilibrar la necesidad de concienciar y educar con la responsabilidad de no generar alarmas infundadas, brindando a la población información basada en la ciencia y fomentando la toma de decisiones informadas y sostenibles.

Teniendo en cuenta que el cambio climático no entiende de fronteras, en el ámbito de la investigación transfronteriza, se echan en falta estudios de envergadura en la región que aborden los riesgos climáticos desde una perspectiva espacial y de las instituciones. Existen diferencias en las definiciones y regulaciones de la costa o litoral entre Francia y España. Es esencial superar los desafíos derivados de la diversidad de conceptos y enfoques para lograr una acción conjunta y medidas cooperativas. La cooperación efectiva entre administraciones y la alineación de políticas operativas son fundamentales para hacer frente de manera más eficaz a los impactos del cambio climático que trascienden las fronteras geográficas.

La educación y la difusión de información es relevante, pero también la necesidad de restricciones efectivas en el uso del suelo y políticas coherentes que eviten contradicciones al permitir ciertos usos del suelo en los espacios no apropiados. No obstante, el obstáculo para intervenir significativamente en nuestra región no radica en la falta de conocimiento sobre el futuro ambiental, sino en cuestiones de diálogo, apertura y disposición para abordar lo político. Por ejemplo, la gestión del turismo en áreas vulnerables requiere una política de comunicación efectiva, transmitiendo información sobre los riesgos y medidas de seguridad.

Por último, reconocer la dimensión política y social de la ciencia es esencial para abordar los retos en territorios codiciados. La lucha contra el cambio climático requiere tanto de medidas educativas como de políticas regulatorias. Las políticas operativas entre diferentes administraciones deben coordinarse, superando las barreras conceptuales y legislativas. La cooperación internacional se presenta como un camino necesario para abordar los problemas del cambio climático que trascienden las fronteras geográficas. Se necesita un diálogo abierto y medidas cooperativas para lograr una acción conjunta efectiva.